Profe, compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien.
La transición social agroecológica en los Andes, no solo es posible, sino también, necesaria. Las condiciones sociales y culturales de nuestras montañas, habitadas por familias y comunidades con un fuerte arraigo a la tierra y a la producción de alimentos, intrínsecamente ligadas a los conocimientos y saberes tradicionales que, aunque se han ido perdiendo con el paso del tiempo, permanecen latentes en algunas comunidades. Estas características, más la necesidad, hacen de que sea posible una transición, que creo yo, está en marcha muchas regiones de Latinoamérica, a diversos niveles y en contextos diferentes, pero transición al fin y al cabo.
Esta transición en marcha en los Andes involucra las dimensiones: personal y familiar, tratando de consolidar cambios de conciencia de los integrantes de las familias frente a la producción basada en el respeto y cuidado del producto, la tierra, el agua, la biodiversidad y el ser humano; existen muchas experiencias en los diversos países abordando estos temas a nivel familiar. En lo microsocial promoviendo niveles de organización que van más allá de las acciones en familia y en el predio, y las traducen a organizaciones que trabajan por construir colectivamente el territorio y su desarrollo de manera endógena; existen diferentes organizaciones agrupando familias de productores con afinidad en la producción agroecológica y el desarrollo endógeno. En lo eco-estructural construyendo circuitos cortos de circulación que implican: producción y consumo, intercambio entre agricultores y articulación con otras organizaciones; es el caso de la Red de mercados agroecológicos del centro del Valle, en Colombia. Meso y macrosociales con capacidad con consolidar colectivos y redes para hacer incidencia política, promoción y construcción de políticas públicas que favorezcan las reformas estructurales en relación a la agroecología como forma de construir un desarrollo rural endógeno; un ejemplo de esto es la Red de Semillas Libres de Colombia que ha enfocado sus acciones a defender y proteger la agrobiodiversidad haciendo resistencia a leyes de semillas y promoviendo discusiones públicas, logrando frenar algunas leyes que van en deterioro de las medios de producción y en concreto las semillas, también existen otras plataformas y redes más amplias en América Latina. Estas dimensiones están interrelacionadas, a veces pueden darse de manera ascendente: personal o familiar – microsocial - eco estructural – meso y maco social; en otros casos, los niveles macro pueden facilitar cambios en los niveles inferiores; en cualquier caso, terminan retroalimentándose.
Estas manifestaciones emergentes de cooperación, trabajo articulado, organización, saberes, investigación transdisciplinar, movilización de personas y familias, son el reflejo del afán de apartarse del modelo actual agroalimentario que es controlado por transnacionales, direccionando los Estados y el mercado. Estos ejemplos son una clara muestra de que la transición social agroecológica es posible, es una necesidad y está en marcha.
Particularmente considero que los cambios de actitud y conciencia a nivel personal y familiar son los más complejos, porque implican modificaciones de conducta en la forma y percepción de la producción y el desarrollo. “Cuando los cambios se generan a nivel de la conciencia de las personas, las transformaciones en los territorios y el desarrollo se darán luego y con mayor facilidad”. Esta frase ilustra para mí, que la transición personal y familiar es primordialmente la promotora de los otros niveles de transición, aunque exista una ineludible retroalimentación en el proceso.
Orientación de las políticas públicas
Las políticas públicas deben orientarse a fomentar la producción agroecológica de base local, no solo desde la sustitución de insumos, sino también, incorporando innovaciones y tecnología apropiadas, que apunte a la soberanía alimentaria, favoreciendo el tránsito de un sistema agroalimentario dominado y controlado por transnacionales, a un sistema agroalimentario democratizado y agroecológico. Adicionalmente, deben promover los espacios de encuentro entre agricultores, articulación entre organizaciones y la construcción de conocimientos de manera transdisciplinar como forma de analizar y construir alternativas productivas locales que recojan no solo las apreciaciones de la comunidad, sino que los campesinos y campesinas y sus organizaciones sean sujetos activos en las soluciones que afectan sus territorios.
Particularmente en Colombia, algunos procesos organizacionales están promoviendo la creación e implementación de políticas enfocadas a la promoción de la agroecología como forma de producción para fortalecer el aparato productivo del país y alcanzar la soberanía alimentaria. Tal ha sido este impacto que la agroecología se incluyó en el acuerdo de paz con las Farc – EP, como una de las estrategias para construir la reforma rural integral del país. El departamento del Valle del Cauca recientemente ha expedido mediante ordenanza, su plan de seguridad y soberanía alimentaria.
Con estas políticas, se busca más que el reconocimiento de las bondades de la agroecología, se busca es tener también acceso a medios de producción facilitados por el Estado: tierra, agua, semillas, créditos, tecnología, etc; así como otros sectores los tienen.
Otro aspecto que debe fomentarse mediante políticas Estatales, es el reconocimiento de los Sistemas Participativos de Garantías (SPG) con características de visión compartida, que facilite la circulación y comercialización de alimentos con origen en los sistemas de producción agroecológica. Y complementariamente, que promuevan el consumo de alimentos sanos y de procedencia agroecológica, para fortalecer la masificación de los circuitos cortos de comercialización en todo el país.
En este análisis es pertinente reconocer que no basta con impulsar las políticas y reglamentaciones, pues hay que velar por su implementación y cumplimiento.
Este enfoque de las políticas es necesario porque está en función de las reclamaciones de las comunidades que buscan primero que todo que sus sistemas de producción y medios de vida sean reconocidos y posteriormente promovidos en articulación con los Estados; porque con esto se garantiza en buena parte el derecho humano a la alimentación y a la vida digna de las comunidades.