La inclusión de la obligación de consulta a los campesinos/as y otras personas que trabajan en zonas rurales en la DDC es un aspecto sin duda fundamental, la garantía de que realmente se respete el territorio, la soberanía sobre los recursos naturales y la dignidad de las personas del campo. Pero, eso sí, todos los actores sociales debemos estar atentos para participar y apoyar el proceso, porque la diferencia el poder y la corrupción de los gobiernos pueden manipular el proceso a su favor, el caso del TIPNIS es un triste ejemplo de ello.