En el Perú, la consulta previa es un mito. No se han llevado a cabo consultas de buena fe, y mucho menos, libres e informadas, solo se trata de un mero acto formal donde el Estado ya tiene la agenda dictada por las empresas. Lastimósamente, los pueblos indígenas siguen sufriendo su exclusión en las políticas de gobierno, por lo que tienen que interponer acciones legales para impedir que se vulneren sus derechos. Es más, en algún momento se exigió al congreso aprobar la consulta previa legislativa, para que posibles medidas legales que puedan afectar a los pueblos indígenas entren a debate.
El problema que se presenta en los pueblos andinos es más que nada en relación a la extracción de minerales en sus territorios. Las empresas llegan con un proyecto que quieren implementar y el Estado pasa a realizar la consulta previa a las comunidades. Lastimósamente, es complejo que se respete la decisión final de la comunidad, por lo que siempre hay convulsiones sociales y solo allí el Estado logra retroceder, y el proyecto se paraliza.