En principio se destaca en los dos videos la lucha por los derechos colectivos como el derecho a la tierra, al territorio y al ambiente. En el caso de la Nación Qhaara Qhara es la lucha jurídica por el autogobierno indígena y en el caso de la Central Agraria de Zongo es la lucha jurídica ante la actividad minera, con los cuales se busca la protección de sus intereses, autonomía e identidad.
La Declaración de los derechos de los campesinos forma parte del bloque de constitucionalidad que da respaldo a las comunidades y exigibilidad frente al Estado. Así, estos vídeos dan cuenta de cómo la organización, el uso de los instrumentos jurídicos y herramientas interpretativas apoyan a las comunidades en exigencia de sus derechos y garantías.
Las comunidades indígenas y campesinas incorporan normas convencionales y no convencionales buscando la garantía frente al derecho a la tierra, a la vida, al territorio, al agua, a las semillas, a la soberanía alimentaria, a la salud, entre otros.
En Colombia, por ejemplo, la lucha campesina tuvo un gran avance con la consolidación de la figura de Zona de Reservas Campesinas (ZRC) que fue creada mediante la Ley 160 de 1994, con el propósito de regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías campesinas en el país. El planteamiento de las ZRC fue una respuesta de las organizaciones campesinas a la problemática socioeconómica y ambiental derivada de la trayectoria histórica de los conflictos de violencia y colonización. Su origen se asocia con la idea de estabilizar las economías de los campesinos desplazados y evitar la concentración de tierras que ha provocado el poblamiento sobre áreas frágiles y de frontera agrícola en el territorial nacional.
Sin embargo, aun cuando hubo un apoyo constitucional, en algunas de las Zonas de Reserva Campesina una vez se hizo su declaración se evidenciaron otras problemáticas, como en el caso de Montes de María, ya que lo que buscaba el Gobierno era una convergencia entre las exigencias empresariales sobre la tierra y los reclamos del pequeño campesinado por el otro.
Pese a esto en algunas de las regiones se intensifico la violencia paramilitar y el desplazamiento al intentar impedir la compra masiva y la concentración de tierra, así como la inversión de grandes capitales.
En medio de la complejidad de la historia agraria del país, lo que sí es claro es que las Zonas de Reserva Campesina son una política pública en relación los procesos sociales que la han hecho posible. Desde la legislación colombiana y de los procesos que llevaron a que esta se concretara en la Ley, se presenta también la visión de los movimientos agrarios que la reivindican como una herramienta de defensa del territorio.
https://www.etnoterritorios.org/Caribe.shtml?apc=g-xx-1-&x=5
https://prensarural.org/spip/spip.php?article5688