A pesar de que la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, pretende reconocer la labor y el aporte al desarrollo de la población campesina, así como tomar medidas para que se protejan y se promuevan condiciones dignas para sus vidas y trabajos; Colombia, un país en donde cerca del 20 % de la población vive en el campo y hay un 36 % de pobreza rural en términos monetarios, una tasa 12 puntos por encima de la urbana, además de las fuertes experiencias del conflicto armado interno y los procesos históricos de despojo, desplazamiento y olvido estatal con dicha población, se abstuvo de votar junto con 54 estados.
Más de 50 organizaciones campesinas, 40 congresistas y académicos enviaron al presidente de la República, Iván Duque, una carta exigiendo que Colombia respaldara la declaración o que, al menos, en caso de insistir en su postura, “informe públicamente al país las razones de ello”. Por ahora, las organizaciones y defensores de Derechos Humanos planean incluir la Declaración como capítulo del Plan Nacional de Desarrollo, como parte del texto “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Entre las diferentes peticiones que se enmarcan en el documento, se resalta una en particular como criterio fundamental para el cumplimiento de los derechos campesinos, la cual es el correcto reconocimiento y caracterización del concepto del campesino, el cual, a diferencia de las comunidades indígenas y afrocolombianas, aún no se encuentra caracterizado como sujetos de derechos diferenciales.