Los derechos de campesinos y otras personas que trabajan en zona rural relacionando a la producción y desarrollo local en la producción, siendo una herramienta para que dichos actores puedan exigir el cumplimiento de sus derechos, como así también reclamar políticas públicas que respeten y fomenten su agricultura y forma de producción, que promuevan la soberanía alimentaria y todo aquello que mejore los medios para habitar el territorio, posibilitando la elección de permanencia en él y evitando que deban migrar por la falta de condiciones mínimas que aseguren una vida digna, derechos sino que son actores activos en la construcción de sus formas de vida, particulares.
Uno de ellos es el artículo N°4 que declara la responsabilidad de los estados de implementar las medidas que crea pertinentes para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales y para promover su empoderamiento a fin de garantizar, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, que disfrutan plena y equitativamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y que pueden perseguir, participar y beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, político y cultural.
Ahora que se da mucha importancia al sector campesino, es bueno tener presentes el desarrollo de las comunidades con muchas asociaciones, asociaciones comunitarias y otras iniciativas, que deben diferenciarse del agro negocio y ser tomadas en cuentas por sus municipios están fundando, en la búsqueda de comercializar e incluso, industrializar su producción, en favor del desarrollo económico local, sin discriminación frente a los grandes empresarios a gran escala. Esperemos que la jurisprudencia contribuya a construir mejores interpretaciones y especificaciones a la DDC.