1).- ¿Tu país votó a favor de la Declaración de Naciones sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales? ¿Las organizaciones campesinas exigieron el respaldo del Estado a la Declaración?
Tristemente Colombia fue uno de los 49 países que se abstuvieron de votar la Declaración, a pesar de que diversas asociaciones campesinas, pertenecientes a la Vía Campesina, redactaron una carta de solicitud al presidente de la republica buscando su apoyo. Esto se debe a que en nuestro país la noción de “campesino” se encuentra aún en una zona oscura entre lo legal y lo ilegal. Es conflictivo el definirlo como sujeto político y de derechos, dada su constante vinculación a grupos al margen de la ley, su indefinición (ni es indígena, ni es negro, ni es blanco). Con la Constitución Política de 1991 la idea de campesino –ya bastante diluida con los procesos de colonización y blanqueamiento de las políticas estatales-, se le empezó a asociar negativamente con el cultivo de la coca: “Se habla entonces de heterogeneidad campesina, de identidades negociadas o fragmentadas como empieza a percibirse a partir de la Constitución de 1991, de desplazados y cocaleros” (Rivera, 2014, p.7).
2.- ¿Los sectores campesinos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vienen exigiendo a sus Estados la adopción de medidas para el cumplimiento de los derechos de los campesinos?
En Colombia, la Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF junto a muchas otras organizaciones y movimientos sociales (como la ming indígena del sur occidente, el Comité de Integración del macizo Colombiano - CIMA, la Asociación de Usuarios Campesinos - ANUC, entre otros) siguen luchando por la reivindicación de los derechos de los campesinos a la recomunalización de la vida, la relocalización de las economías y la producción, la defensa de semillas, el rechazo a los transgénicos y los TLC, y la defensa de la agroecología y la soberanía alimentaria.