Campesino e indígena, pequeña producción familiar
Según la FAO, en los países en desarrollo, las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral en la agricultura, y cerca del 20% en América Latina y el Caribe. Como tales juegan un rol fundamental en la producción de los alimentos. Empoderar a las mujeres de América Latina y el Caribe -y en especial a las mujeres de la agricultura familiar- es una de las claves para que la región alcance su meta de erradicar el hambre y la pobreza rural.
Creo que esa puede ser una línea de acción interesante, Alvaro
Politicas Municipales Propuestas
Politicas pública orientadas a cambiar las condiciones
económico productivas en sus territorios locales,
especialmente mediante la implementación de
sistemas de riego, caminos y acceso a fuentes de
energía (electricidad y gas).
Políticas publicas especificas para la agricultura familiar y diferenciadas de acuerdo al tipo de productores identificados, destinadas fortalecer y modernizar ecologicamente la agricultura familiar, a través del apoyo financiero, asistencia técnica y acceso a mercados.
En el documento elaborado por la fundación tierra, propone las siguientes políticas publicas:
Para los campesinos tradicionales. En el caso
de las comunidades campesinas tradicionales,
las políticas públicas no solamente deberían estar
orientadas a ofrecer más y mejores servicios
en salud, educación y bonos sociales focalizados
en niños, madres y ancianos, sino que el foco de
atención debería estar centrado en lograr mayor
inversión pública para cambiar las condiciones
económico productivas en sus territorios locales,
especialmente mediante la implementación de
sistemas de riego, caminos y acceso a fuentes de
energía (electricidad y gas). Mientras no cambie la
base material de sus condiciones productivas (riego,
caminos, energía), será muy difícil que puedan
escapar a la extrema pobreza y desnutrición crónica.
Mayores inversiones en el agro necesitan de
una priorización del gasto público por encima de
las obras políticamente visibles (edificios municipales,
canchas de futbol, tinglados, tractores, escuelas
y postas sanitarias). También son necesarias
significativas inversiones mancomunadas (gobiernos
central, departamentales y locales), en infraestructura
productiva con perspectivas ciertas de
convertir la agricultura campesina en agricultura
bajo riego y con caminos de tránsito permanente.
Para los agricultores especializados. Los agricultores
especializados necesitan estímulos financieros,
exenciones tributarias, compras públicas a precios
justos, pero sobre todo políticas orientadas a la sostenibilidad
ambiental de su base material de recursos
naturales y a la construcción de modelos agroecológicos
que prioricen variedades de cultivos nativos de
alto valor. Será necesario aplicar controles sociales y
regulaciones que atenúen su diferenciación interna.
Para los agricultores familiares productores de
commodities. Establecer regulaciones estatales específicas
para controlar el crecimiento de la frontera
agrícola de cultivos de materias primas agrícolas
para la exportación, de modo que las empresas no
perjudiquen al medio ambiente, no destruyan los
bosques, no deterioren a la seguridad y soberanía
alimentaria y más bien promuevan la agricultura
familiar especializada con criterios ambientales y
agroecológicos sostenibles. De igual manera será
necesario aplicar controles sociales y regulaciones
que atenúen la diferenciación interna.
Para los pueblos indígenas. El Estado no debería
perder de vista su responsabilidad institucional al haber
titulado casi 32 millones de hectáreas de territorios
en favor de pueblos indígenas a los cuales la CPE
les otorga la capacidad de gestión de sus recursos
naturales y de autogobierno. Los territorios indígenas
son nuevas entidades político administrativas del
Estado Plurinacional de Bolivia y gozan de una autonomía
que sin embargo, no se les permite ejercer.
Por ello deberían contar con suficiente presupuesto
público para realizar inversión local en infraestructura
productiva y capacitación popular indígena en
gestión territorial, bajo principios de respeto a la libre
determinación y autogobierno, y a la consulta previa,
libre e informada, en casos de inversiones públicas
susceptibles de afectar esos territorios.