Es aquel principio que obliga a los Estados a aplicar aquellos estándares más favorables a los Derechos de los Pueblos Indígenas; en particular, no retroceder acerca de los avances legales en el contexto internacional y nacional y en todo momento proteger y aplicar aquellas normas y procedimientos que tengan mayor alcance y protección en favor de los y las sujetas de Derechos. El Principio de Progresividad nos ayuda a ver que los derechos evolucionan constantemente y nunca retroceden.