El gobierno colombiano se abstuvo a firmar la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que trabajan en las zonas rurales en 2018. Este hecho evidenció la poca voluntad política que tienen el gobierno en apoyar a las comunidades campesinas, sin embargo, numerosas organizaciones campesinas se han movilizado a lo largo del país para buscar el reconocimiento como sujeto de derechos y la aprobación de la declaración.
En ese orden de ideas, las comunidades campesinas han logrado el aval por parte de la corte constitucional para que en futuros censos, lo que hace que sea un logro para el movimiento campesino, pues es un pequeño paso para el reconocimiento de esta población como sujetos de especial protección.
Cabe resaltar que la DCC es una herramienta para los campesinos para garantizar sus derechos, y para fomentar y fortalecer la Soberanía Alimentaria como una herramienta no solo en términos productivos, sino como fuente para el fortalecimiento de la cultura y los derechos. Por lo cual, sería realmente importante que el gobierno colombiano reconociera la declaración e hiciera parte de la política de Estado para el fortalecimiento de estas comunidades.