La consulta previa es una consulta sobre un determinado problema que los pueblos y comunidades presentan, gemelamente para ser utilizado como bien público por el Estado, afectando así los intereses del territorio. El Convenio 169 tiene dos premisas principales: “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias” y su “derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan” (OIT, 2014, p.8).
En caso de experiencias en Bolivia con la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas se han visto plagadas de irregularidades, por parte de gobierno de turno. Los indígenas de TIPNIS han incrementado las presiones sobre los territorios indígenas por la intensificación del modelo extractivismo en el país.