La Consulta previa es sin lugar a duda un avance importante en el marco de los derechos de los pueblos indígenas y con la Declaración de los Derechos de los Campesinos que lo amplía a los campesinos y otras personas que trabajan la tierra y otras actividades vinculadas a la tierra. El gran reto es justamente cómo implementarlo adecuadamente de modo que se respete este derecho colectivo y se garanticen realmente las condiciones de la misma y no utilizarlo como un instrumento para avalar megaproyectos que destruyen territorios indígenas y campesinos. Así mismo, al menos en Perú, no está garantizada la participación de las mujeres, ya que se establece según la norma, que se registren las organizaciones representativas de la comunidad afectada y por lo general son varones, al final los que que sientan a la mesa para discutir los proyectos de consultan son sólo varones que no representan los intereses y necesidades de las mujeres. Finalmente, los acuerdos no son vinculantes, es decir, al final el Estado puede llevar a cabo de todos modos el proyecto en consulta.