Como se ha venido explicando, en Bolivia las categorías "campesino" e "indígena" están íntimamente relacionadas en la Constitución Política del Estado (CPE) bajo la figura de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC). Por ello, una revisión sobre las fuentes relacionadas al levantamiento de información sobre comunidades campesinas, suelen tener un enfoque dirigido hacia los pueblos indígenas; como ejemplo, se puede ver el informe emitido por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia: https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-npioc-relator-nnuu.pdf
En dicho informe, se evidencia la afectación de los siguientes derechos: Derecho a la salud (con un sistema de salud deficiente y sin enfoque diferenciado), derecho a la protección (afectando la economía, modo de vida y sustento de las familias indígenas, por el cierre de mercados y complicaciones relacionadas al transporte y movimiento de alimentos y productos), derechos a la información y participación (información deficiente e incompleta sobre la pandemia, y toma de decisiones del estado central sin la correspondiente consulta), además de observarse racismo y discriminación en centros de salud, y falta de garantías para el ejercicio del derecho, de algunos pueblos, al aislamiento voluntario.
El propio Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha visto necesario realizar un diagnóstico sobre los impactos de la pandemia en la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria: https://www.ruralytierras.gob.bo/uploads/d_covid.pdf En el documento, se identifica afectaciones e impactos importantes, relacionados con: a) la producción (falta de insumos y escasez de mano de obra), afectada por fenómenos climáticos que no pudieron ser controlados en contexto de cuarentena rígida, b) el transporte (cuyo costo se incrementó por bloqueos y restricción de circulación), acopio y comercialización de productos (precios bajos), c) falta de control en los incendios que afectaron zonas productivas. Además, se observa un interesante fenómeno, mediante el que el campesino tuvo que rematar su producción a los intermediarios, quienes, en algunos casos, incrementaron el costo para el consumidor, generando inequidad e inestabilidad en el mercado.
En suma, la pandemia del COVID19 ha afectado los derechos campesinos, debido a la falta de capacidad del estado a responder con prontitud, resiliencia y consenso a las necesidades -diferenciadas- de las comunidades rurales y periurbanas, en las que enfoques como la "cuarentena rígida" no permiten continuar con las labores productivas y el traslado de sus productos, generan un acceso desigual y discriminatorio a la salud (cuyos parámetros occidentalizados no aceptan alternativas de autogestión como el autoconfinamiento) y prohíben el ejercicio de su democracia y mecanismos de autodeterminación (considerando que las reuniones constituyen la máxima expresión democrática y órgano de toma de decisiones en las comunidades).
Como corolario, algunas voces, sustentadas en estadísticas productivas relevadas en las zonas agrícolas más importantes de Bolivia (como Cochabamba), han sugerido que la alternativa para contrarrestar los efectos negativos del COVID19, a nivel socio-económico, se halla en el fortalecimiento de la agricultura campesina familiar: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipcanotas/fortalecer-la-agricultura-familiar-para-mitigar-los-impactos-del-covid-19